ORMUSA desarrolla campaña sobre violencia institucional

En el marco del Día Nacional e internacional de la No Violencia contra las Mujeres, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) presentó este viernes 27 de noviembre, la campaña informativa “No aplicar justicia para las mujeres víctimas de violencia es violencia institucional”.

La campaña se desarrolla mediante medios de comunicación y promocionales; además se realizó un foro público con representantes gubernamentales y de organizaciones sociales.

La violencia institucional es descrita en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, como toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor público, que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres; así como la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia conceptualizadas en esta ley.

Este tipo de violencia afecta la atención que reciben las mujeres víctimas de violencia y la respuesta del Estado para reconocerlas como ciudadanas, lo cual es un paso esencial para construir una sociedad más justa y democrática.

Pese a los avances legales, es común encontrar servidores públicos que de manera directa o indirecta impiden a las mujeres gozar de sus derechos humanos, en el sentido que sus actuaciones o falta de ellas provocan obstáculos o dificultades a las mujeres para que accedan a los servicios de salud, policiales o de cualquier otro tipo, incluyendo el acceso a la justicia.

En el país, el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y de la problemática de la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos, la creación de unidades y áreas especializadas y personal capacitado es parte de la nueva realidad que el país está construyendo, lo cual es importante pero no suficiente, ya que además se deben modificar las estructuras estatales que por muchos años toleraron la violencia, bajo la condicionante cultural de la discriminación y más bien mostraban una actitud permisiva o pasiva ante los malos tratos y trámites burocráticos en muchas instituciones del Estado.

Muchas mujeres víctima de violencia al presentar una denuncia o solicitar un servicio aún se enfrentan a carencias de personal sensible y cualificado técnicamente para un abordaje basado en derechos, limitantes de infraestructura, equipos y presupuestos para brindar servicios de atención, investigación y persecución del delito.

Pese al riesgo de las víctimas en las comunidades, colonias o en sus propias casas, por hoy gran parte de la investigación y los procesos judiciales o policiales dependen de los testimonios de víctimas y testigos, ya que una debilidad del sistema nacional es precisamente la presentación de pruebas físicas o científicas para complementen la prueba testimonial. Esto se suma además a los prejuicios que aún persisten entre personas vinculadas a los procesos judiciales, especialmente aplicadoras de la ley y operadoras de justicia.

Lo anterior pueden llevar a la revictimizacion de quienes denuncian hechos de violencia, cuando se enfrentan a situaciones como que el personal quien toma la declaración hace preguntas que sugieren que es responsable de la violencia sufrida, pone en duda la veracidad de su denuncia cuando su responsabilidad es únicamente recoger su testimonio de manera profesional o porque el personal no cumple los protocolos institucionales en caso de violencia contra las mujeres.

También constituye violencia institucional cuando una mujer no recibe las medidas de protección y las garantías judiciales para proteger su dignidad, seguridad y privacidad antes, durante o después del proceso judicial, ya sea que haya participado como víctima o testigo.

Cuando tiene que realizar una serie de trámites burocráticos y confusos que incrementa el costo económico de las mujeres al realizar cualquier actividad relacionada con su denuncia o durante el proceso judicial o solicitud del servicio; ya que esto puede complicar a la persona usuaria, especialmente si reside lejos de las oficinas, juzgados, delegaciones receptoras de denuncias.

El principal garante de los derechos de las mujeres es el Estado y por tanto está obligado a disponer de los recursos financieros para cumplir esta labor con el más alto nivel de calidad posible, esto incluye el derecho de las personas a acceder a los servicios en condiciones adecuadas y atendido por personal capacitado y respetuoso de la dignidad de las mujeres usuarias.