Desapariciones al alza en el país

En los últimos años, las desapariciones de personas especialmente mujeres y hombres adolescentes y jóvenes han ido al alza. Los registros indican que en el último sexenio de 2010 a 2015, los casos incrementaron considerablemente, especialmente los años 2011, 2014 y 2015, coincidiendo asimismo con los años que presentan mayores tasas de homicidio y feminicidio.

El temor de muchas madres, padres y parientes para que sus hijos, hijas o familiares adolescentes y jóvenes salgan de sus casas y no regresen está fundamentado en las estadísticas que reportan que en los últimos dos años, entre 5 y 6 personas desaparecen a diario en El Salvador. Un leve porcentaje aparece con vida y otro se encuentra asesinado, como puede verse en la gráfica 1 con datos del periodo 2010-2015.

El perfil de las personas que desaparecen incluyen estudiantes de centros educativos públicos y privados; de universidades; mujeres jóvenes trabajadoras de supermercados, maquilas, profesionales, en fin es diverso. Hay más homogeneidad en la edad y zona geográfica de residencia, como puede verse y que coinciden con los municipios que presentan mayores niveles de violencia en general.

Desde el Centro de Atención Legal de ORMUSA se han conocido numerosos casos de personas que desaparecen de las afueras de centros educativos, universidades, camino a su trabajo o de regreso a su casa, sin dejar huellas de su paradero. En algunos casos, el accionar de la familia y la pronta reacción policial ha sido clave para ubicar a las personas con vida; en otros, familiares de las víctimas han denunciado el desinterés de las autoridades para investigar la desaparición de su hija, hijo o familiar.

En el año 2012, el entonces Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, consideró que en ese momento las autoridades no estaban dando un tratamiento adecuado a las denuncias presentadas por familiares de personas desaparecidas pese a que este hecho constituye una expresión de la violencia e inseguridad en el país que es urgente indagar y esclarecer, así como determinar si esta práctica está relacionada al tráfico y trata de personas, al accionar de las pandillas o tráfico de órganos entre otras causas .

La PDHH señalaba un incremento de desapariciones desde el año 2007. Por ello sugería crear un registro centralizado confiable sobre las personas desaparecidas y las que posteriormente se encontraran; una red de comunicación interinstitucional entre hospitales, centros penitenciarios, celdas policiales, aduanas, resguardos; y una unidad especial en la Fiscalía General de la República para el seguimiento de los casos, con personal capacitado y recursos necesarios para la investigación de los casos, equipos especializados en exhumación y tratamiento de cadáveres; y conformación de equipos multidisciplinarios para la atención integral de familiares de las personas desaparecidas .

Estas recomendaciones siguen vigentes, aún más en el actual contexto que evidencia el alza de desapariciones e incremento de hallazgos de cadáveres en cementerios clandestinos; denuncias de violencia y explotación sexual en algunas adolescentes y mujeres jóvenes que han desaparecido de manera temporal o que por el contrario, meses o años después aún se desconoce su paradero. Asimismo, es de tomar en cuenta que muchas de las desapariciones están focalizadas especialmente en el área metropolitana del Departamento de San Salvador y las cabeceras departamentales de San Ana, San Miguel, Cojutepeque en Cuscatlán; y Colón, en La Libertad.

Estos municipios puntean en los últimos seis años entre los cinco con mayor reporte de desapariciones en el periodo 2010-2015; San Salvador, Santa Ana y San Miguel, aparecen en los últimos tres años de manera rotativa con la mayor cantidad de casos.

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